El desplazamiento de Guida es directa consecuencia del cambio ministerial en la órbita de Justicia, ya que la escribana que viene de la gestión de Daniel Scioli era sostenida por Carlos Mahiques ante la ofensiva del secretario Legal y Técnico de Gobierno, Julio Conte Grand, que aspiraba no sólo a colocar al nuevo escribano, sino llevar a la Escribanía gubernamental al área de Gobierno o dependiendo directamente de la gobernadora María Eugenia Vidal.
Al renunciar Mahiques para retomar su cargo de camarista, la asunción de Gustavo Ferrari le allanó el camino a Conte Grand para colocar al escribano Marcos Rospide, vecino de San Isidro.
Paradójicamente, el pasado lunes la escribana Guida le tomó juramento a Ferrari como ministro de Justicia y el también exfuncionario sciolista y tres días después, según confirmó Urgente24, éste le comunicó que la gobernadora iba a designar a Rospide y le aseguró que este alejamiento "nada tiene que ver con el tema de las declaraciones juradas".
En verdad las groseras desprolijidades del decreto que instauraba un "cepo informativo" sobre las declaraciones juradas de bienes de unos 55.000 funcionarios son obra el propio Conte Grand y la gobernadora Vidal admitió que el decreto "está mal redactado".
La norma, ahora derogada, fijaba penas de hasta dos años para quienes difundan los datos de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Sintéticas, que son públicas, en lugar de consignar ala Declaraciones Juradas analíticas, que si son de carácter reservado ya que contienen "datos sensibles", como número de cuentas bancarias, clave fiscal, dominio de autos y domicilios particulares, entre otros.
Aunque nada tuvo que ver la Escribanía General en esa desafortunada redacción, ahora con la salida de María Eva Guida al menos "para adentro" se sindica a un responsable, eludiendo la actuación que Conte Grand, que ya había concretado una torpeza mayúscula cuando al acordarse con los gremios los aumentos paritarios no redactó el decreto que institucionaliza el acuerdo (y lo peor es que luego apreció un acta falsa) y, por eso, la Justicia ordenó que se reabra las negociaciones, con un grave perjuicio político y económico para la gobernación de Vidal.