Eduardo van der Kooy en el diario Clarín:
"(...) El reclamo de la gobernadora venía de lejos. Por lo menos desde junio. Su inquietud pareció estimulada después que dos de sus ministros, el de Seguridad, Cristian Ritondo, y el de Gobierno, Federico Salvai, mantuvieron conversaciones con Sergio Berni. El ex secretario de Seguridad de Cristina Fernández, les confesó que durante la extenuante campaña electoral del año pasado había plantado en la Provincia cinco mil agentes para colaborar con Daniel Scioli. Una vez producida la derrota en octubre –cuando Vidal enterró a Aníbal Fernández– el propio Berni se encargó del primer repliegue. La tarea fue completada Patricia Bullrich, la ministro de Seguridad, no bien advirtió el desamparo de custodia que tenía el territorio nacional. Nunca conviene olvidar un episodio: la administración macrista debutó con la fuga de los hermanos Cristian y Martín Lanatta y de Víctor Schillaci de una prisión de supuesta máxima seguridad, en General Alvear. Están acusados por el triple crimen de General Rodríguez, ligado al tráfico de efedrina. Su recaptura, concluida en Santa Fe, desnudó la ineficacia de los sistemas de seguridad. (...)":
Sin embargo, el presidente del bloque de senadores bonaerenses del Frente Renovador, Jorge D'Onofrio, advirtió: "Ya mandaron 7.000 gendarmes, prefectos y policías federales y nada cambió, al contrario, los índices delictivos siguen creciendo. Cambiemos sigue atendiendo el marketing de la inseguridad en vez de combatirla".
En tanto, el titular de la bancada renovadora en el Senado prosiguió: "Gendarmería es una fuerza federal específica para el cuidado de las fronteras. Si la traemos al Conurbano significa que perdimos la guerra contra el narcotráfico en la frontera".
El senador D'Onofrio remarcó que "hay que poner la mirada en la investigación y concentrarse en la inteligencia criminal", y añadió: "Tenemos que incorporar licenciados en criminalística, contadores, informáticos, etc. Es mejor calidad que cantidad".
Él también recordó: "Esto me hace acordar cuando Sergio Berni mandaba fuerzas federales al conurbano y Scioli incrementaba 45 mil efectivos sin formación", y concluyó: "Los resultados están a la vista. No esperemos diferentes resultados si hacen las mismas cosas".
Demasiado oficinistas
El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, afirmó que sólo el 58% del total de los efectivos de la Policía realiza tareas vinculadas a la prevención y represión del delito. Bien puede ser un motivo por el que precisan fuerzas federales. El otro, sin duda, es que el poder político tolera o convive con la corrupción que es el eje de la Bonaerense. De lo contrario sería sencillo: se le concede a la Gendarmería Nacional la organización y gestión de la escuela policial y de las jerarquías policiales. Pero eso no ocurrirá.
El funcionario de María Eugenia Vidal trazó un diagnóstico preocupante: de los 86.000 efectivos con los que cuenta la Bonaerense, sólo 51.000 están abocados directamente a combatir la inseguridad.
“Tenemos 10.000 efectivos con carpetas médicas o que están suspendidos y otros 12 mil que realizan tareas administrativas”, señaló Ritondo.
El resto, alrededor de 15.000, integra las Policías locales que dependen de los municipios.
Esta descripción de la Bonaerense no difiere demasiado de la que realizara hasta algunos años cuando apenas asumió Alejandro Granados como ministro de Seguridad de Daniel Scioli, oportunidad en la que había señalado a legisladores que sólo 32.000 de los más de 55.000 efectivos que por entonces tenía la Policía bonaerense estaban“operativos”. Y que el resto estaba afectado a tareas administrativas o pasivas, con licencia médica o en otra situación diferente de la prevención del delito en sí.
Granados hizo crecer el número de efectivos a través de 2 vías:
> la incorporación de agentes a la propia fuerza provincial y
> la promoción de las Policías locales. Así, se llegó a un número de casi 90.000 que la actual gestión redujo en cerca de 4.000 a partir de exoneraciones por distintos delitos.
Si bien ahora la cantidad de policías es mayor, el número de efectivos con carpetas médicas se mantiene en torno de los 10.000. Granados había declarado hace casi 2 años que había cerca de 8.000 con licencias por distintas afecciones, la mayoría, por cuestiones psiquiátricas.
El avance de la inseguridad y una cantidad insuficiente de agentes para hacerle frente, es uno de los argumentos oficiales para justificar el acuerdo con el gobierno nacional para la llegada de unos 6.200 agentes de las cuatro fuerzas federales que irán a reforzar la prevención del delito en las zonas más calientes del Conurbano, La Plata, Berisso, Ensenada, Mar del Plata, Zárate y Campana.
La idea oficial es que estos refuerzos de Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria y laPolicía Federal, se desplieguen en un lapso no mayor de 40 días y que se sumen a los que ya trabajan en algunas zonas “calientes” de la Provincia.
El lado oscuro
El Tribunal de Casación Penal bonaerense dio luz verde a la investigación que se abrió tras el hallazgo de los 36 sobres con $153.70, presuntamente proveniente de coimas, en laJefatura Departamental la Plata.
Fuentes judiciales revelaron ayer que la Sala V de Casación -integrada por los jueces Martín Ordoqui, Jorge Celesia y Fernando Mancini-, rechazó el planteo de nulidad sobre el procedimiento que dio origen a la causa, formulado por la defensa de cuatro de los imputados.
También señalaron que en el mismo fallo, sobre el planteo de competencia a los magistrados que intervienen en esta causa- el fiscal Marcelo Martini y la jueza de Garantías Marcela Garmendia- se resolvió que se remita el expediente a la Cámara de Apelaciones y Garantías para que resuelvan allí cuestión señalada por los defensores.
Los abogados Ricardo Bianchi y Juan Di Nardo, que representan al ex jefe de laDepartamental La Plata, Darío Camerini; a quien fuera su segundo jefe, Rodolfo Daniel Carballo; al ex jefe de operaciones, Ariel Huck y al ex secretario, Walter Skarmowskyj, habían planteado ante Casación que la Dirección de Asuntos Internos de la Policía bonaerense “se arrogó” facultades privativas del fiscal y del juez de la causa y“realizó un allanamiento ilegal, sin orden pertinente”.
En la presentación se dijo además que“no hay elemento alguno que acredite que se encontró lo que se dice secuestrado ni que nada se pudo haber alterado”.
Para la defensa, “lejos de haber ordenado o autorizado dicho procedimiento -en relación al fiscal de la causa-, se limitó a receptar lo que se dijo secuestrado, sin advertir –ya no la falta de competencia de la Auditoría-, sino además, la inexistencia de la necesidad y de la urgencia y la omisión de que los sobres que se le entregaran no hubiesen sido de algún modo preservados de manera que se garantizara la cadena de custodia”.
También se argumentó que la orden administrativa fue dispuesta el 30 de marzo y su efectivización el 1º de abril. En esas fechas estuvieron de turno los jueces de Garantías César Melazo y Fernando Mateos, respectivamente, “pero nadie los convocó”, detalló el informante.
Ayer los jueces de la Sala V de Casación rechazaron todos los planteos de la defensa, sólo remitieron a la Cámara de Apelaciones para que analicen el tema de la competencia, pero no hicieron lugar a las nulidades sobre el procedimiento.
Así quedó abierto el camino para que la justicia penal platense avance en esta causa, que, según la fiscalía, ahora apunta a determinar hacia dónde iba ese dinero, que sería parte de la recaudación ilegal y que formaría parte de la denominada “caja negra“ de la Bonaerense.
Esta causa se inició el 1º de abril último, a partir de una denuncia anónima al 911, que advirtió a Asuntos Internos que “el jefe de la departamental de Seguridad de La Plata recaudaba alrededor de $200.000 por mes de coimas”.
Esto desencadenó en un procedimiento en la Departamental de 12 entre 60 y 61, donde se secuestraron los 36 sobres con dinero. Cada uno de ellos tenía escrito de qué repartición provenían y a dónde iban dirigidos. El fiscal Martini pidió la detención de 10 jefes policiales, entre ellos Camerini, Carballo, Huck y Skarmowskyj, pero Garmendia ordenó la de ellos cuatro y otros dos comisarios, por “asociación ilícita en concurso real con concusión e ideal con recepción de dádivas”. Todas están en suspenso.
En la orden de detención se dio por acreditado que entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 cuatro funcionarios policiales de la jefatura departamental La Plata y dos comisarios de Villa Elisa y Villa Ponzati, “integraron en forma organizada una asociación con el propósito colectivo de cometer delitos, en perjuicio de personas de esas zonas”.
“El dinero recaudado de forma ilegítima, en virtud de la comisión de diversos ilícitos, por intermedio y con la participación de policías de dependencias de la jurisdicción, era entregado finalmente a la Jefatura Departamental, en distintos montos, y teniendo en cuenta para la distribución la jerarquía que ocupaban, de acuerdo a la estructura piramidal que caracteriza a la Policía bonaerense, lo que sucedió de manera regular, al menos, durante el lapso ya señalado”, aseguró la jueza