Tanto la Universidad Tecnológica Nacional como la CECAITRA (Camara de Empresas de Control y Administracion de Infracciones de Transito de la República Argentina) han organizado un negocio millonario, y está muy bien... menos para quienes deben pagarlo.
Son 5 las empresas que prestan el servicio de fotomultas, todas integrantes de CECAITRA, que encuentra en ellas su razón de ser, y viceversa: sucede que al constituirse como asociación civil, CECAITRA no paga impuestos nacionales ni provinciales. Tampoco la UTN. Esto incrementa la rentabilidad de los contratos que obtienen.
En cuanto a la UTN, en el convenio -que se supone estándar aunque es el que desembarcó en el Concejo Deliberante de Pilar- se compromete a una serie de aportes tecnológicos, servicios y análisis aún cuando en toda la universidad no hay ni 1 metro cuadrado destinada a la actividad de fotomultas.
El convenio establece que del ingreso bruto recaudado, 40% se distribuyen entre la UTN y la CECAITRA, 30% va al municipio y 30% a Provincia de Buenos Aires.
Del 30% que recibe el municipio, se dice en Pilar que 10% se destinará a una fundación de seguridad vial ligada al ex funcionario sciolista de ese área, Jose Molina, un aliado importante de Ducoté para encontrar vínculos con el peronismo que tradicionalmente gobernó el municipio.
Si bien hay un convenio firmado entre la UTN, la CECAITRA y provincia de Buenos Aires, rubricado por Alberto Pérez, quien por entonces era jefe de Gabinete de Ministros y no soñaba con un procesamiento tal como enfrenta hoy día, nunca fue refrendado ese convenio con un decreto del entonces gobernador Daniel Scioli y tampoco lo hizo aún María Eugenia Vidal.
En días de Mauricio Macri jefe de Gobierno porteño, su consejero Carlos Grosso lideró una batalla para instalarlo, contra la opinión de quien era el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
Pero ganó Grosso y perdió el actual ministro de Transporte de la Nación. La fotomulta es un negocio millonario, que padece un incumplimiento de control ciudadano alguno, en especial acerca de su objetivo declarado de educación vial. Su única preocupación es la recaudación.
María Eugenia Vidal
En este contexto, la gobernadora Vidal volverá a tierra pilarense porque ella eligió el distrito para realizar la 2da. reunión provincial del PRO bonaerense, que preside desde fines de septiembre.
El anfitrión será el intendente Nicolás Ducoté, sin mucha antigüedad en su ficha de afiliación partidaria aunque ya es vocal.
Vidal intenta ayudar en todo lo que puede a Ducoté, de frágil gestión. Por ese motivo la dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires ha llamado a licitación pública para contratar la obra caratulada como “Ensanche y Repavimentación de la Ruta Provincial Nº 25”: una repavimentación con duplicación de la calzada (2 carriles de cada lado), cordón cuneta, banquinas y hasta una vereda peatonal central, desde la Panamericana hasta la localidad de Villa Rosa, unos 4.760 metros.
Ducoté, sin embargo, tiene otras urgencias tales como asegurar la financiación para obligaciones emergentes del ejercicio fiscal 2016, mientras envió al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto 2017.
El volumen total del desafío fiscal es de $ 3.507 millones, contra un estimado para finalizar 2016 de $ 2.760 millones: enorme la ambición de la titular de Hacienda, Cecilia Cabrera.
Hay temor respecto a que una mayor presión tributaria sobre el contribuyente por medio de una suba de tasas superior a la que se informó: $ 3.507 millones representan un 27% más que los actuales $ 2.760 millones.
Si se compara el previsto real para 2016, de $ 2.400 millones, el incremento salta 46%.
“Con una suba de tasas que dicen promediará el 20% nos llama la atención que prevea una suba del 46% en el presupuesto. Entiendo que habría mayor presión tributaria respecto a los contribuyentes que ya están pagando, ya que aumentar la base contributiva no es tan fácil”, señaló el titular de la bancada del Frente Renovador, Adrián Maciel, a la publicación Pilar de Todos.
“Además hay tasas que saltan por arriba del supuesto promedio, como Seguridad e Higiene, que en este año pasa de $509 millones a $789 millones, o la ex ABL que trepa de $300 millones actuales contra $430 millones el año que viene. Mi temor no es que esté inflado el presupuesto, sino que la suba de tasas sea superior a la mencionada, y que en la tarifaria aparezcan cláusulas especiales que les permitan incrementarlas aún más, como la que se usó hoy, que en teoría solo se iba a hacer en casos de emergencia”, agregó Maciel.
Para el pejotista Nicolás Darget también es “llamativo” el incremento presupuestario, y señaló varios aspectos. Que efectivamente se logre aumentar la masa contributiva, que se tome deuda, o que la tributaria sea más dura de lo previsto.
“Aún no tenemos la tarifaria; lo ideal sería analizar ambos textos juntos. Pero es llamativo que se trepe de $2.400 millones reales este año a $3.500 millones para el año que viene, en donde se supone que la inflación se va a desacelerar, lo que impactará en la tasa de Seguridad e Higiene, que se calcula en base a la facturación”, expuso Darget.
“Lo que entiendo es que se van a combinar varios factores, pero hay que tener cuidado en cuanto a que no estemos aprobando un presupuesto inflado que termine autorizando gasto sin el ingreso real, porque eso va a generar deuda”, expuso el titular de la Comisión de Hacienda.
¿Cuál es el rol de la fotomulta en todo esa madeja contable? Habrá que seguirlo con atención.