El Gobierno bonaerense y el nacional estaban muy entusiasmados con el acuerdo paritario que selló ayer (5/12) la gobernadora María Eugenia Vidal con los gremios por el cual se estipuló un aumento salarial de 18% para 2017, distribuido en cuatro tramos trimestrales y con la garantía de un ajuste automático en base a la evolución del índice de precios al consumidor (IPC) que releva el Indec.
Los gremios que firmaron ese entendimiento fueron UPCN, los municipales del Soeme, Fegeppba, los controladores de Apoc y los empleados de Salud Pública. Se trata del 70% de los agentes públicos bonaerenses. Con ese porcentaje Vidal se dio por satisfecha y creyó condicionar al resto, pero no será tan fácil.
Para empezar, ATE y Ciccop se levantaron de las negociaciones y denunciaron que el acuerdo "condena a los estatales a salarios miserables durante todo el año".
Desde la CGT relativizaron el acuerdo y su impacto sobre las negociaciones del próximo año en el sector privado.
En esa línea, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) volvió a repetir la medida de fuerza llevada a cabo la semana pasada y los Tribunales y dependencias judiciales de la Provincia permanecerán paralizados debido a la huelga de 48 horas decretada por la AJB en todas las departamentales.
La medida reclama al gobierno bonaerense la convocatoria urgente a una mesa paritaria para debatir un nuevo aumento salarial luego de que la gobernadora adelantarán que no hay dinero para afrontar el pago de un bono de fin de año acordado entre la CGT y el gobierno nacional.
Por su parte, ATE se movilizó al Ministerio de Economía para rechazar la propuesta oficial.
Según advierten desde el gremio, la suma ofrecida para el cierre del año no llega a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y "ni siquiera cubre la inflación del ultimo trimestre del año".