El exsecretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, cuestionó al gobierno de la Provincia de Buenos Aires por los despidos que ocurren en distintas ramas laborales.
Durante el debate que aprobó la emergencia en infraestructura, el senador bonaerense sostuvo que “la provincia de Buenos Aires hoy está pasando por una verdadera emergencia, una emergencia laboral”.
“En mi pueblo, un pueblo muy chiquito de Zárate (Lima) no somos más de 15 mil trabajadores y hay 2.500 telegramas de despidos”, apuntó el dirigente del Frente para la Victoria.
Él insistió: “Con la misma vehemencia, con la misma contundencia y con la misma rapidez que llevaron adelante el pedido de declaración de emergencia en Seguridad y ahora en Infraestructura, llevemos adelante con la emergencia laboral y paremos con esta verdadera ola de despidos que es una catástrofe para las familias bonaerenses. No solo tenemos que discutir tiempos administrativos sino que también tenemos que discutir la dignidad de los bonaerenses, de los trabajadores, que están pasando por una gran angustia porque todos los días están pasando por la incertidumbre de no saber si serán despedidos”.
Berni también cuestionó al Frente Renovador: “Por más que se esfuercen en todas las sesiones de querer demostrar ser oposición me parece que son oficialistas. La mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo”, concluyó Berni.
Emergencia en Infraestructura
En la 3ra. sesión ordinaria, el Senado convirtió en ley el proyecto enviado por el Ejecutivo para acelerar la puesta en marcha de obras para la provincia.
Antes, los legisladores votaron también los representantes del Cuerpo en el Consejo de la Magistratura: el titular del bloque del Frente Renovador; Jorge D´Onofrio; y el senador del bloque PJ, Héctor Vitale, mientras que Carolina Szelagowski (PJ) y Hernán Albisu (Frente Renovador) serán consejeros suplentes.
En cuanto a la infraestructura, el bloque de Cambiemos, con las bancadas del Frente Renovador y bloques minoritarios, sumaron 28 voluntades por la positiva, mientras que el PJ, FpV y el PJ-Néstor Kirchner votaron en contra: 18 legisladores.
Según el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, la declaración de la emergencia "buscará paliar el déficit existente y permitir la realización de las acciones tendientes a la promoción del bienestar general de los bonaerenses".
La ley autoriza a todos los ministerios, secretarías y entidades autárquicas, a ejecutar las obras y contratar la provisión de bienes y servicios, cualquiera sea el modo de la contratación, a la vez que incluye los convenios de colaboración con organismos provinciales o nacionales, municipios, consorcios de gestión y cooperativas.
Con ese fin, se podrán usar normas de excepción previstas en decretos, leyes, de contabilidad, obras públicas, expropiaciones, compras y contrataciones, pudiendo eximirse además del decreto ley relacionado con el Consejo de Obras Públicas.
Los ministerios y demás organismos quedan exceptuados de publicar las ejecuciones y contrataciones en el Boletín Oficial, pero las difundirán en el sitio web u otros órganos de publicidad que determine la reglamentación de la ley.
Previo a la adjudicación de los contratos y por única vez en el proceso de contratación, el ministerio, secretaría o entidad autárquica, deberá dar cuenta de su actuación a los organismos de asesoramiento y control.
La Contaduría General, Asesoría General y Fiscalía, expedirán sus dictámenes sobre esa actuación en un plazo máximo de siete días y podrá requerirse su intervención simultánea remitiendo copia certificada del expediente a cada uno de esos entes provinciales.
Si esos organismos no remiten sus informes en el plazo fijado se entenderá que no existen objeciones y el funcionario a cargo del área quedará autorizado para continuar el trámite.
Se determina, asimismo, que todo procedimiento de contratación queda exceptuado también de la intervención obligatoria del Consejo de Obra Pública, salvo en lo que se refiere a su dictamen técnico de los proyectos de obra.
Ministerios y demás entes podrán rescindir, renegociar, aumentar o bajar, hasta un 35 por ciento de las prestaciones y montos ofertados en los contratos por el contratista particular.
Asimismo, la ley prevé la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento, fiscalización y control de la norma en rigor, compuesta por tres diputados y senadores, designados por los presidentes de Diputados y del Senado.
Ese organismo parlamentario deberá ser informado en forma bimestral por el Ejecutivo y podrá pedir la información que estime necesaria y practicar observaciones, propuestas y recomendaciones sobre los procedimientos, contrataciones, obras y demás acciones que se encaren, con el fin esencial de evitar la "cartelización" empresarial en materia de obra pública.