Con la estadística de que en un mes hubo casi 2400 amenazas de bomba en escuelas bonaerenses y que el 90 por ciento fueron realizadas por menores de edad, el gobierno de María Eugenia Vidal decidió promover demandas civiles por "daños y perjuicios" contra los padres de los alumnos identificados como autores de los llamados.
"Desde el 1° de septiembre pasado hasta hoy, 15 personas fueron puestas a disposición de la justicia en el marco de las investigaciones iniciadas por amenazas de bomba recibidas en escuelas bonaerenses", agregaron voceros del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Entre las amenazas hechas el 22 de septiembre pasado hubo una en el establecimiento educativo donde estudian los hijos de la gobernadora Vidal. El autor de la llamada fue un adolescente de 17 años. La comunicación la hizo desde el teléfono celular de la madre.
"Y si bien es un delito excarcelable, el gobierno de la provincia decidió promover una demanda de daños y perjuicios contra los padres de aquellos menores que sean identificados como autores de estos hechos", dijeron las fuentes del gobierno bonaerense a la agencia DYN.
Ante cada llamada, se desplaza una logística que incluye a la Brigada de Explosivos, fuerzas policiales, bomberos y Defensa Civil, se alerta a hospitales públicos y las cuadrículas de la zona.
Por ello, según las fuentes, los costos que se generen "deberán ser cubiertos por las demandas".
"Un llamado engañoso implica intimidación pública, un delito penado con dos a seis años de prisión. Con la tecnología con la que contamos es muy fácil rastrear de dónde provienen los llamados", advirtieron los voceros.