Pablo Garate es diputado provincial de la 6ta. Sección Electoral (Tres Arroyos) por el Frente Renovador.
Él es el autor de un proyecto muy controversial por lo que supone en término de trabajadores de la construcción o suspendidos o despedidos. Si las obras públicas fuesen rescindidas, Garate propone que los trabajadores de las empresas sean considerados tan culpables como los ejecutivos y/o dueños de las compañías, más allá del impacto económico (en Brasil, 3 años de recesión provocó el Lava Jato).
Garate presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo bonaerense la inmediata rescisión de pleno derecho de los contratos de Obra Pública provincial que se encuentren en ejecución y cuyo contratista se hubiere acogido judicialmente a la figura de “arrepentido”, admitiendo haber dado u ofrecido dinero o cualquier dádiva a funcionarios públicos.
La iniciativa tiene por objetivo fundamental reforzar los mecanismos de transparencia, impidiendo que la Provincia celebre contratos con personas físicas o jurídicas que hubieren admitido en sede penal ser autores o partícipes de delitos, en el marco de los regímenes de procedimiento penal conocidos como "el arrepentido" y de "responsabilidad penal empresarial".
Para tener una idea del tema, en 2015, mediante un comunicado, el Ministerio de Planificación de entonces reveló el listado de empresas que consiguió la mayor cantidad de contratos de obra pública. Planificación divulgó el ranking en respuesta a una nota publicada por el diario La Nación sobre el dinero que recibió el empresario Lázaro Báez del Gobierno K.
Electroingeniería ocupa el 2do. lugar después de Techint.
3ro. se ubica la ex empresa de Socma, hoy en manos de Marcelo Mindlin, IECSA.
4to., Corporación América, de Eduardo Eurnekian;
5to. Invap, de la Provincia de Río Negro;
6to. Odebrecht, multinacional de origen brasilero;
7mo. Esuco, de la familia Wagner;
8vo. Cartellone, de José Cartellone;
9no., Rovella Carranza, de Mario Rovella.
Los 6 siguientes:
JCR, de Juan Carlos Relats;
Grupo Roggio, de Aldo Roggio;
Chediak, de Juan Chediak;
CPC, de Cristóbal López;
Supercemento, de Julián Astolfoni;
Isolux, de Luis Delso,
Petersen, de Enrique Eskenazi; etc. etc. etc.
Garate expresó:“Los hechos de público conocimiento, que tuvieron lugar recientemente y difundidos a través de la prensa, ponen de manifiesto un entramado de corrupción público-privada, que pone a la ciudadanía en un estado de alarma social cuya consecuencia lógica es el cuestionamiento de las instituciones, por eso creo conveniente solicitar a las autoridades provinciales que actúen conforme a lo que la legislación vigente establece y la ciudadanía demanda”.
Además, él presentó una Solicitud de Informe, pidiendo que a través del organismo que corresponda, se informe el listado de empresas que se encuentren ejecutando contratos de obra pública en la Provincia de Buenos Aires.
“La corrupción afecta estructuralmente a toda la sociedad. Las estrategias de prevención y combate de la corrupción deben transformarse en políticas de Estado que trasciendan los colores políticos de quienes transitoriamente ocupen los cargos de la administración pública”, finalizó Garate.
Presente Proyecto solicitando la inmediata rescisión de pleno derecho de contratos de Obra Pública Provincial q se encuentren en ejecución y cuyo contratista se hubiere acogido judicialmente a la figura de #arrepentido admitiendo haber dado u ofrecido dinero a func. públicos. pic.twitter.com/KYYTOT3Kun
— Pablo Garate (@pablogarate) 20 de agosto de 2018
La iniciativa tiene por objetivo reforzar los mecanismos de transparencia, impidiendo que la #Provincia celebre contratos con personas físicas o jurídicas que hubieren admitido en sede penal ser autores o partícipes de delitos.#Legislatura
— Pablo Garate (@pablogarate) 20 de agosto de 2018
La corrupción afecta estructuralmente a toda la sociedad. Las estrategias de prevención y combate de la misma deben transformarse en políticas de Estado que trasciendan los colores políticos de quienes transitoriamente ocupen los cargos de la administración pública.#PROVINCIA
— Pablo Garate (@pablogarate) 20 de agosto de 2018
La Ley de Extinción de Dominio que apoyamos es imprescindible, no solamente para que devuelvan lo robado la clase política involucrada, sino también para recuperar los recursos del #Estado con los que se enriquecieron los Empresarios #arrepentidos#LeyNacional
— Pablo Garate (@pablogarate) 20 de agosto de 2018